23 de Septiembre 2016
El presidente del Centro de Estudios de la Ciudad de México, Rodolfo Torres, externó su preocupación sobre la previsión de la reducción de la edad para votar, contemplada en el proyecto de la Constitución capitalina.
Añadió que el texto no precisa si se otorgaría a los jóvenes una ciudadanía plena con derechos y obligaciones, y los efectos jurídicos que conlleva.
Dicha inquietud también la compartieron las constituyentes, María Bayardo y Esthela Damián, dos de las tres legisladoras que acudieron a recibir las propuestas del centro, sobre la autonomía del Instituto de Planeación de la CDMX, así como en materia de agua y adultos mayores.
Torres Velázquez subrayó que la previsión contemplada en el artículo 29 numeral 3, relacionada con que al cumplir 16 años las personas adquieren el derecho al sufragio, que es sabido como uno de los signos distintivos de la ciudadanía.
Destacó que los diputados constituyentes, quienes evaluarán la propuesta de Carta Magna que presentó el Jefe de Gobierno capitalino, deben tener presentes los efectos de esta reducción en el ámbito del derecho penal.
Añadió que quienes conforman este Centro, se pronuncian porque se realice un análisis integral de los efectos de esta disposición constitucional.
Al respecto, Bayardo Salim dijo que para los legisladores es complicado generar argumentos suficientes para respaldar esta propuesta, sobre todo porque de ser aprobada, contravendría la Constitución Política Federal.
Por su parte, Esthela Damián, añadió que este es un tema que inquieta, ya que en el fondo se percibe la criminalización de los capitalinos a corta edad y aunque le resulta positiva como derecho político, resulta riesgosa para los jóvenes en materia judicial.
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El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, aseguró que la zona siniestrada en la isla Holbox pudo haber sido provocada, debido a que durante un recorrido de inspección lograron observar pintura roja sobre los matorrales, lo que es un indicio de presencia humana antes del incendio, por ello se clausuraron 87 hectáreas.
“Las conclusiones que podemos advertir son que existen indicios suficientes de actividad humana, el incendio pudo haberse iniciado en diez puntos distintos a la vez y esto de acuerdo a lo que hemos ratificado a las marcas de actividad humana en toda la zona, acreditan que evidentemente hubo actividad humana y que existe una probabilidad alta de que se trate de un fuego inducido”, dijo Haro Bélchez.
El funcionario federal detalló que en breve levantarán una denuncia penal para dar con los responsables del ilícito y determinar su modus operandi. Los causantes del siniestro podrían enfrentar sanciones de hasta 20 mil días de salario mínimo como multa y de uno a nueve años de prisión.
“Con la denuncia penal que vamos a presentar a la PGR vamos a solicitar también los dictámenes periciales que pudieran completar este diagnóstico preliminar para establecer si se utilizaron además solventes que pudieran haber acelerado el fuego en ésta Área Natural Protegida,” afirmó.
Guillermo Haro señaló que comenzarán de inmediato un plan de reforestación y cuidado en la zona para recuperar el ecosistema de manera completa.
En la inspección aérea conjunta con la Secretaría de Marina (Semar) participó también el vicealmirante Luis Felipe López Castro, jefe de Estado Mayor de la Quinta Región Naval.
Los trabajos de inspección en el área afectada del ejido de Holbox fueron realizados por personal de la Delegación Federal y la Oficina Regional en Akumal de la Profepa, en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Las dependencias concluyeron que el fuego afectó a especies endémicas como Palma Chit, Palma Nacax y elementos de selva baja.
Detallaron que la capa orgánica del suelo se dañó hasta una profundidad de seis centímetros y se encontraron indicios de eliminación y desplazamiento de fauna.
BPG